El contexto político chileno ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.

El interés que el debate sobre el sistema político despierta en la mayoría de los países latinoamericanos no es casual, la crisis de la estabilidad política, de la democracia y de la gobernabilidad se han identificado con la vigencia de un régimen presidencialista de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia, la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias.

El estudio comparativo de las instituciones de los diversos regímenes políticos, ha procurado definir cuáles son las mejores formas de gobierno para la democracia. La conocida tesis del profesor Juan Linz (1987) que relata las ventajas del parlamentarismo y los defectos del presidencialismo, ha marcado el inicio de un debate acerca de la relación e influencia de las formas de gobierno (parlamentarista, presidencialista o semipresidencialista) en los procesos democráticos. Este debate no ha estado ajeno en nuestro país y se ha manifestado de manera cíclica en niveles académicos y políticos, sin embargo, socialmente aun no penetra como una necesidad político-institucional, o al menos, el presidencialismo no es percibido como un tema problemático que amerite ser cambiado.

Aunque en términos comparativos, el sistema político chileno observa altos niveles de institucionalidad, se advierten algunas desventajas estructurales respecto del régimen político que deben ser neutralizadas,  en torno a una mayor colaboración entre las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y de mecanismos jurídico-constitucionales que otorguen flexibilidad al régimen para resolver una eventual crisis política de gobierno. El quiebre del régimen presidencialista del año 1973, es un ejemplo de esto, y como lo afirma el profesor Valenzuela (1997) si el régimen chileno hubiera sido parlamentario, no se habría producido el golpe de Estado, por cuanto la suma de conflictos tienen en este régimen una resolución natural, previniendo el riesgo que una crisis política de gobierno derive en una crisis de régimen político.