El contexto político chileno ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.
El interés que el debate sobre el sistema político despierta en la mayoría de los países latinoamericanos no es casual, la crisis de la estabilidad política, de la democracia y de la gobernabilidad se han identificado con la vigencia de un régimen presidencialista de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia, la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias.
El estudio comparativo de las instituciones de los diversos regímenes políticos, ha procurado definir cuáles son las mejores formas de gobierno para la democracia. La conocida tesis del profesor Juan Linz (1987) que relata las ventajas del parlamentarismo y los defectos del presidencialismo, ha marcado el inicio de un debate acerca de la relación e influencia de las formas de gobierno (parlamentarista, presidencialista o semipresidencialista) en los procesos democráticos. Este debate no ha estado ajeno en nuestro país y se ha manifestado de manera cíclica en niveles académicos y políticos, sin embargo, socialmente aun no penetra como una necesidad político-institucional, o al menos, el presidencialismo no es percibido como un tema problemático que amerite ser cambiado.
Aunque en términos comparativos, el sistema político chileno observa altos niveles de institucionalidad, se advierten algunas desventajas estructurales respecto del régimen político que deben ser neutralizadas, en torno a una mayor colaboración entre las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y de mecanismos jurídico-constitucionales que otorguen flexibilidad al régimen para resolver una eventual crisis política de gobierno. El quiebre del régimen presidencialista del año 1973, es un ejemplo de esto, y como lo afirma el profesor Valenzuela (1997) si el régimen chileno hubiera sido parlamentario, no se habría producido el golpe de Estado, por cuanto la suma de conflictos tienen en este régimen una resolución natural, previniendo el riesgo que una crisis política de gobierno derive en una crisis de régimen político.
Una interrogante ha sido si nuestro país ha tenido en su historia republicana un régimen político distinto al régimen presidencialista de gobierno. El estudio de las fuentes reglamentarias y constitucionales desde los inicios del proceso de nuestra independencia hasta nuestros días, arroja como resultado – desde un punto de vista histórico-constitucional – que desde el Reglamento Provisorio de 1811, pasando por las Constituciones Políticas de 1833, 1925 y 1980 con sus modificaciones posteriores, incluyendo las del año 2005, han sido todas de un carácter netamente presidencialista, permitiéndonos afirmar que el único régimen político constitucional de gobierno que hemos conocido a través de nuestra historia ha sido el de régimen presidencial.
De esta manera el rótulo de “república parlamentaria” que una parte considerable de la historiografía chilena ha puesto al período de gobierno comprendido entre los años 1891 a 1925, ha constituido a generar un mito contra un parlamentarismo que “habría fracasado”, alimentado por la confusión que en la década de 1870 se produjo, cuando se introdujeron algunas modificaciones legales bajo un ambiguo ideario liberal parlamentarista, destinadas a aquilatar el autoritarismo presidencial de la época.
Se aprecia que en efecto existió en el período indicado un impulso para modificar el régimen de gobierno, mediante algunas prácticas parlamentaristas como el voto de censura y las interpelaciones parlamentarias, pero que no se tradujeron en cambios a la Constitución y a las Leyes. Se constata, más bien, la construcción de una leyenda negra en torno a lo nefasto que fue el parlamentarismo, utilizado por algunos historiadores con claro sesgo conservador, para acentuar las fortalezas del régimen presidencialista.
Retrotraemos la legítima preocupación, que pareciera no estar conciente en la clase política, cual es que mientras no se realicen las reformas político-institucionales con miras a evitar esta amenaza latente, no habremos avanzado lo suficiente en la urgente tarea de democratizar nuestro sistema político pues aun se mantiene latente el problema que una crisis de gobierno puede constituir una solapada amenaza a un nuevo quiebre del régimen presidencialista chileno, por cuanto este carece de los mecanismos de defensa que eviten que un quiebre político se transforme en una crisis de régimen, hecho que obliga a recurrir a elementos externos al sistema o a la aplicación de mecanismos de fuerza extra constitucionales para la solución del conflicto.
Sometemos a crítica el desarrollo del presidencialismo en Chile, al menos desde el gobierno de Balmaceda que culminó en una guerra civil, hasta el gobierno de Allende interrumpido por un golpe de Estado, procesos de la historia chilena que ponen de manifiesto dos graves crisis del régimen presidencialista, en que hubo intervención de las Fuerzas Armadas a petición de los propios actores políticos, porque el sistema no fue capaz de entregar soluciones políticas a dichas crisis.
El contexto político nacional ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.
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