El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA puso en marcha la iniciativa verde con el fin de movilizar y reorientar la economía mundial hacia las inversiones en tecnologías limpias y naturales de infraestructura, como la mejor apuesta por el crecimiento económico, la lucha contra el cambio climático y el auge de empleos para la superación de la pobreza en el siglo XXI.
A través de una investigación en respuesta a la actual crisis financiera y económica producto del modelo tradicional, se señala que sería posible mediante un Global Green New Deal instar a la integración de cuestiones medioambientales en las medidas económicas que se están articulando para hacer frente a la crisis y avanzar hacía una denominada economía verde.
La economía verde o economía ecológica, sostiene que a través de la inversión económica en determinadas áreas medioambientales se puede contribuir, en el corto plazo, a una recuperación y crecimiento sostenido de la economía con contribución positiva para la creación de empleos, protección de grupos vulnerables y reducción de la pobreza. En el mediano plazo, lograría reducir la dependencia del carbono y la degradación de los ecosistemas configurando una economía medioambiental sostenible.
El Global Green New Deal, propone que las economías del G20 destinen el 1% de del PIB a actividades estrechamente relacionadas con el tema ambiental que proporcione una masa crítica de infraestructura verde, aprovechando las potencialidades que abre la crisis para redirigir las políticas y las inversiones a sectores que incorporen la variable medioambiental.
Entre estas medidas cuentan la inversión en eficiencia energética de edificios de vivienda (construcción verde), la inversión en energías renovables (eólica, solar fotovoltaica), el transporte sustentable (planificación del transporte con bajas emisiones de carbono combustibles y una mayor electrificación de transporte) y la reducción de emisiones para una agricultura sustentable (utilización de biocombustibles). Estas medidas tienen como objetivo la consecución de los ODMsobre todo poner fin a la pobreza extrema para el año 2025.
Muchos líderes se han sumado a esta idea incorporándola a través de planes de estímulo fiscal. En la cumbre progresista realizada en abril pasado en Chile, por ejemplo, Rodríguez Zapatero defendió una apuesta por el cambio basado en la investigación y la tecnología y la solidaridad en la lucha contra la pobreza apostando por una economía verde.
Por su parte el presidente de Estados Unidos Barak Obama, adelantándose a las medidas del PNUMA señalo como propuesta de campaña un plan energético con acciones de economía verde para crear 5 millones de empleos, modernizar la red de energía, convertir edificios públicos y viviendas para un mayor rendimiento energético, aumentar la producción de energía renovable, mejorar el transporte público masivo y la red ferroviaria reduciendo el consumo de gasolina.
Chile por su parte ha venido actualizándose en materia de cambio climático, pero todavía de manera marginal y reactiva, como si esto fuese una temática que no nos afectara directamente, pero a que a propósito de la actual crisis financiera y económica nos otorga una oportunidad para cambiar el paradigma económico y liderar una nueva tendencia medioambiental que exige medidas en temas hasta ahora sensibles para nuestro país. Entre ellas se encuentran la estrategia de estímulos fiscales para la creación de energías renovables en orden a reducir la dependencia del carbono combustible, avanzar con planes y metas para un transporte eléctrico, una política de reciclaje de residuos, la protección de nuestros glaciares y reservas mundiales de agua dulce, fomentar la construcción de vivienda sustentable. Todas estas medidas permitirían en el corto y mediano plazo un ahorro energético sustentable para el país y generar un círculo virtuoso de reinversión de recursos en la generación de más empleos verdes que contribuyan directamente a mejorar los índices de cesantía y de superación de la pobreza.
El desafío climático del siglo XXI
A pesar que cambio climático ha recibido atención marginal en la política medioambiental, en los últimos años, sus impactos potenciales y reales se han hecho cada vez más evidentes. Entre los hitos político internacionales para avanzar en esta materia destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC, el Protocolo de Kyoto y la Comisión de la Unión Europea surgidas en la década de 1990. En la actualidad ha tomado un nuevo impulso a partir del Informe Stern (2006) presentado por el gobierno Inglés que desde una perspectiva económica cuantifica el costo del calentamiento global y el Cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático PICC (2008). Sin embargo, estos acuerdos e investigaciones son poco fecundos sin la conciencia social y el compromiso efectivo de las naciones para abordar desde sus políticas internas el problema del calentamiento global.
Para mitigar el cambio climático se deben reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas, plan que requiere transformaciones fundamentales de las economías basadas en el carbono, por lo que el mundo espera que el 15° Protocolo de Copenhague que se celebrará en diciembre de 2009 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se traduzca en un nuevo pacto mundial que sustituya al de Kyoto y comprometa el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías para sortear la dependencia de combustibles fósiles mediante la implementación de energías renovables, mejorar el rendimiento energético y contener y reducir la emisiones de gases efecto invernadero, como un compromiso de las naciones donde la acción conjunta no es una alternativa sino una obligación.
Vemos con esperanza que uno de los motivos por el que el mundo no se preocupaba del tema medioambiental era por la falta de argumentos económicos para invertir en el medioambiente. Hoy la economía verde abre ese nicho y comprueba que dedicar parte del aumento del gasto público y de estímulos fiscales en inversiones y empleos verdes se compensa a corto plazo, contrarrestando la caída del consumo de las economías y de las inversiones privadas, y al mismo tiempo, contribuye a la transición para economías de bajo consumo de carbono.
El desafío climático del siglo XXI es cambiar nuestra forma de pensar, de abrirnos a la gran potencialidad de la economía verde articulando cuestiones medioambientales como una forma integrada de progreso social, de aportar como integrantes de la comunidad mundial a no incrementar la deuda ecológica que se traspasará a las futuras generaciones y dar cumplimiento a un imperativo político progresista de abordar de manera permanente una política de medioambiente y de economía sustentable.
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