El contexto político chileno ha cambiado significativamente en los últimos veinte años, hoy después de realizadas las reformas constitucionales destinadas a la eliminación de los enclaves autoritarios, están dadas las condiciones para promover una agenda de perfeccionamiento político-institucional, instaurando un régimen parlamentario de gobierno a través de una nueva Constitución Política, por cuanto Chile reúne las condiciones para institucionalizar un equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, debido a la solidez de su sistema de partidos (multipartidista) y la necesidad de incentivar y consolidar alianzas mayoritarias de gobierno.

El interés que el debate sobre el sistema político despierta en la mayoría de los países latinoamericanos no es casual, la crisis de la estabilidad política, de la democracia y de la gobernabilidad se han identificado con la vigencia de un régimen presidencialista de gobierno, trayendo esa visión como consecuencia obvia, la idea de realizar modificaciones institucionales mirando hacia el modelo de las formas parlamentarias.

El estudio comparativo de las instituciones de los diversos regímenes políticos, ha procurado definir cuáles son las mejores formas de gobierno para la democracia. La conocida tesis del profesor Juan Linz (1987) que relata las ventajas del parlamentarismo y los defectos del presidencialismo, ha marcado el inicio de un debate acerca de la relación e influencia de las formas de gobierno (parlamentarista, presidencialista o semipresidencialista) en los procesos democráticos. Este debate no ha estado ajeno en nuestro país y se ha manifestado de manera cíclica en niveles académicos y políticos, sin embargo, socialmente aun no penetra como una necesidad político-institucional, o al menos, el presidencialismo no es percibido como un tema problemático que amerite ser cambiado.

Aunque en términos comparativos, el sistema político chileno observa altos niveles de institucionalidad, se advierten algunas desventajas estructurales respecto del régimen político que deben ser neutralizadas,  en torno a una mayor colaboración entre las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y de mecanismos jurídico-constitucionales que otorguen flexibilidad al régimen para resolver una eventual crisis política de gobierno. El quiebre del régimen presidencialista del año 1973, es un ejemplo de esto, y como lo afirma el profesor Valenzuela (1997) si el régimen chileno hubiera sido parlamentario, no se habría producido el golpe de Estado, por cuanto la suma de conflictos tienen en este régimen una resolución natural, previniendo el riesgo que una crisis política de gobierno derive en una crisis de régimen político.

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El segundo ensayo nuclear de Corea del Norte de mayo 2009 ha puesto en alerta a la comunidad mundial y ha provocado una situación que afecta negativamente la paz y la estabilidad del sureste asiático. La explosión subterránea en Pyongyang fue superior al primer ensayo del 2006, con un sismo de 4.52 grados en la escala de Richter, hecho que fue catalogado por norcorea como una respuesta a la amenaza militar y sanciones económicas impuestas por EE.UU., Japón y Rusia y Corea del Sur. El hecho objetivo es que se consolida el estatus nuclearizado de Corea del Norte, cuyo armamento es una pieza clave para perpetuar el actual régimen político y un predominio bélico en la región.

En la actualidad se estima que el mundo alberga entre 25.000 y 30.000 armas nucleares, el 97% de ellas en manos norteamericanas y rusas y el resto repartido entre China, Francia y el Reino Unido, países que componen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y Pakistán, India y Corea del Norte que han logrado fabricar armas nucleares contraviniendo el Tratado de no Proliferación Nuclear .

La situación de Corea del Norte parece estar fuera de control de los organismos internacionales quienes no conocen el inventario nuclear ni cuentan con alternativas de negociación para promover un desarme en el corto plazo. Este hecho acarrea el problema de quedar radicado en un gobierno comunista la decisión de una eventual guerra nuclear y el indiscriminado exterminio de personas y daño al patrimonio medioambiental.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA puso en marcha la iniciativa verde con el fin de movilizar y reorientar la economía mundial hacia las inversiones en tecnologías limpias y naturales de infraestructura, como la  mejor apuesta por el crecimiento económico, la lucha contra el cambio climático y el auge de empleos para la superación de la pobreza en el siglo XXI.

A través de una investigación en respuesta a la actual crisis financiera y económica producto del modelo tradicional, se señala que sería posible mediante un Global Green New Deal instar a la integración de cuestiones medioambientales en las medidas económicas que se están articulando para hacer frente a la crisis y avanzar hacía una denominada economía verde.

La economía verde o economía ecológica, sostiene que a través de la inversión económica en determinadas áreas medioambientales se puede contribuir, en el corto plazo, a una recuperación y crecimiento sostenido de la economía con contribución positiva para la creación de empleos, protección de grupos vulnerables y  reducción de la pobreza. En el mediano plazo, lograría reducir la dependencia del carbono y la degradación de los ecosistemas configurando una  economía medioambiental sostenible.

El Global Green New Deal,  propone que  las economías del G20 destinen el 1% de del PIB  a actividades estrechamente relacionadas con el tema ambiental que proporcione una masa crítica de infraestructura verde, aprovechando las potencialidades que abre la crisis para redirigir las políticas y las inversiones a sectores que incorporen la variable medioambiental.

Entre estas medidas cuentan la inversión en  eficiencia energética de edificios de vivienda (construcción verde), la inversión en  energías renovables (eólica, solar fotovoltaica), el transporte sustentable (planificación del transporte con bajas emisiones de carbono combustibles y una mayor electrificación de transporte) y  la reducción de emisiones para una agricultura sustentable (utilización de biocombustibles). Estas medidas tienen  como objetivo la consecución de los ODMsobre todo poner fin a la pobreza extrema para el año 2025.

Muchos líderes se han sumado a esta idea incorporándola a través de planes de estímulo fiscal. En la cumbre progresista realizada en abril pasado en Chile, por ejemplo,  Rodríguez Zapatero defendió  una apuesta por el cambio basado en la investigación y la tecnología y la solidaridad  en  la lucha contra la pobreza apostando por  una economía verde.

Por su parte el presidente de Estados Unidos Barak Obama,  adelantándose a las medidas del PNUMA señalo como propuesta de campaña un plan energético con acciones de economía verde para crear 5 millones de empleos, modernizar la red de energía, convertir edificios públicos y viviendas para un mayor rendimiento energético, aumentar la producción de energía renovable, mejorar el transporte público masivo y la red ferroviaria reduciendo el consumo de gasolina.